El Estado despilfarra millones para crear una aplicación para celulares
El 17 agosto de 2017, el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires nº 5193, página 29, informó que según la Resolución n° 207/SSDCCYC/17 se destinó una cifra cercana a los TRES MILLONES DE PESOS (unos 174.000 dólares al cambio de ese entonces) a través de la Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana, con la finalidad de llamar a licitación pública para contratar durante cinco meses un servicio de creación de una «Aplicación Mobile [sic] gratuita para teléfonos inteligentes que funcionen con sistemas operativos Android e IOS, con el objeto de promover y difundir políticas públicas de tenencia responsable de mascotas e informar a los vecinos el registro de paseadores de perros autorizados, e incluyendo una historia clínica general, información sobre adopciones y la posibilidad de reportar mascotas perdidas. La aplicación también les permitirá disponer -en tiempo real- de toda la información relativa a su mascota, reportar o buscar mascotas perdidas, ubicar fácilmente veterinarias y comercios que presten servicios para sus mascotas o que admitan el ingreso de las mismas y diferentes funcionalidades que faciliten e incentiven la tenencia responsable de las mismas», según dice el pliego de condiciones particulares de la licitación (PLIEG-2017-16755702-SSDCCYC). El Gobierno porteño ya había gastado $ 1.249.998 por la consultoría sobre el «vínculo vecino-mascota-Ciudad», siendo este monto dos pesos inferior al máximo para hacer contrataciones directas.
Por todo lo anterior, si el Estado ya se gastó $ 1,3 millones y está dispuesto a gastar otros $ 3 millones más, imagino que esa aplicación debe tener un altísimo nivel de complejidad técnica, algo digno de ser creado en la NASA o el CERN. Y seguramente también necesitarán contratar un ejército de ingenieros, informáticos, programadores, analistas y asesores especializados, además de tener que comprar equipos avanzados de última generación. De lo contrario no se explica cómo son capaces de dilapidar semejante cantidad de dinero (repito, son $ 4.250.000) que sale de los impuestos que pagamos todos.
Como si eso fuera poco, el documento indica que «la Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por los Dres. Lucía Ferrari (27 años, responsable legal de la Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía desde enero de 2017), Bruno Pappacena (32 años, asesor legal en la misma Subsecretaría desde mayo de 2016) y Emiliano Suaya (45 años, director legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde marzo de 2011)». O sea, tres abogados parásitos del Estado que dudo mucho que sepan algo de informática pero que tienen el poder de decidir a dedo cuál empresa se quedará con el trabajo, que obviamente será aquella que les pase el sobre más grueso por debajo de la mesa. Y todo esto ocurrió con la aprobación del Lic. Facundo Carrillo, subsecretario de la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, cuyo apellido aparece al final de la mencionada Resolución n° 207/SSDCCYC/17.
Por último, ¿alguien sabe qué otras cosas se dedican a hacer en la «Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana» y en la «Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía», además de robar y despilfarrar cifras millonarias del erario para crear una simple aplicación para celulares?
Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Informático. Analista de Sistemas de Computación. Librepensador, escritor y documentalista. Webmaster de Diario El Despertador.
Comentarios