Reflexiones sobre el orden social

La policía es indispensable para mantener el orden en una sociedad compleja, ya que los hombres no siempre se ajustan espontáneamente a las normas y estas no abarcan absolutamente a la acción social. Siempre la normativa y lo fáctico se hallan en cambio permanente y simultaneo. Es natural que muchas veces lo fáctico no esté previsto por la normativa, sino que la exceda. Esto señala la vigencia ineliminable de desajustes y conflictos. El problema que vemos claramente en nuestro país es que esto no lo entienden varios líderes políticos ni tampoco numerosos sectores sociales.

Equivocadamente creen que no basta con morigerarlos, sino que utópicamente piensan que hay que eliminarlos. Son los que apelan a la justicia y armonía social, a la igualitaria distribución de la riqueza, a la creencia de que se puede eliminar el conflicto y con ello a la policía y la burocracia, logrando la unión social mediante la terapéutica del amor o la solidaridad.

Si bien la realidad indica que es imposible eliminarlo, no significa que hay que permanecer inermes ante él y no tratar de disminuirlo y darle tratamiento. De esto se trata cuando vemos las dificultades que tiene el gobierno en su intento de darle más poder a la policía ante el elevado grado de inseguridad que aqueja a buena parte de los argentinos.

La socialización por la cual nos convertimos en personas capaces de adaptarnos a los requerimientos que la sociedad necesita para perdurar no es perfecta; siempre habrá personas marginales y frustraciones de todo tipo que llevan a conductas delictivas. Hay que empezar por ello, revisando la normativa.

El plan integral que necesita Argentina para mejorar debería tener en cuenta qué clase de socialización tienen los niños en la casa y en el colegio. Se deben formar individuos integrados al grupo para generar el control social interno, por el cual los valores sociales se convierten en constitutivos del propio ser. La cultura, al hacerse interna al individuo, al constituir parte de su mundo psicológico, se convierte en núcleo orientador y controlador del comportamiento. Ese control interno se complementa con el externo, la policía, cuando aquel falla.

El tipo de castigo o violencia dependerá de la forma y el justificativo de la violencia a ejercer por la autoridad o el sistema de autoridad. La coacción física o psicológica es indispensable y omnipresente inclusive en todos los aspectos de nuestra vida de relación, tanto para dirigir al niño como para castigarlo, o más suavemente, para fijarle límites cuando los sobrepasa. El castigo o amenaza tan mal entendido, en general, induce alguna forma de abstención, la frustración o fuerza una determinada acción conductual. Por supuesto que sabiendo que puede variar desde un simple retiro de la seguridad psicológica, hasta la más cruel violencia física, la que llega hasta a poner en peligro la vida del individuo y su salud mental. El castigo como las normas es legítimo si es congruente o compatible con ciertos principios éticos.

El conjunto de normas sociales configura el orden de la sociedad. Expresa la única posibilidad de convivir pacíficamente y de cooperar en paz.

Sin ellas aparece el caos y éste es imposible de soportar, por lo que en tales casos no queda otro remedio que la aparición de algún autoritarismo, que por lo general emplea una violencia despiadada para imponer el orden. Las normas son flexibles para permitir la creación y la innovación, incluso las personas pueden comportarse de manera diferente a lo que imponen las normas, puede violarla arriesgándose a diferentes clases de penalidad. Por lo tanto la policía tiene una función esencial, imprescindible, y no puede ser eliminada.

En nuestro país, una gran porción de la sociedad no acepta a las fuerzas del orden llevados por las arbitrariedades que han cometido en el pasado y que a menudo cometen debido a que el sistema político no tiene un buen control sobre sus actos. Tienden a ser más duros en la crítica sin reconocer que todos los grupos e instituciones –pensemos por ejemplo la pedofilia en la Iglesia– no son infalibles y las cometen a veces asiduamente, no solo con respecto a la normativa sino a valores éticos, como es en este caso.

Hay diferencias en los grados, los momentos y la naturaleza de esas arbitrariedades y éstas dependen del poder político, el cual tiene en sus manos el brindar fuerzas de seguridad eficientes y responsables. Puede reducir al mínimo las arbitrariedades mediante tentativas perfectibles e indispensables desde el punto de vista práctico, si y solo si existe responsabilidad ética en quienes dirigen la estructura de la violencia. O sea, para mejorar la actuación de la policía, hay que mejorar el poder político porque solo él puede operar los controles sobre la violencia.

En Argentina no es comprendida la función de la policía, por eso se la cuida y perfecciona poco. Sin ella, la vida en una sociedad compleja no sería posible. La debilidad de la estructura familiar tradicional, lo complejo de las relaciones sociales, las complicaciones de la socialización y la impersonalidad de la sociedad moderna, entre otras cosas, crea las condiciones para que sea más factible la violación de las normas.

En la actualidad, el control social es mucho más difícil que en las sociedades tradicionales por la pérdida del control interno. Por ello el control externo, en este caso la policía que ejerce la violencia institucionalizada, debe aumentar. En estas condiciones su papel es muy duro e implica alta posibilidad de daño físico y psicológico para sus miembros por el mero hecho de cumplir con sus funciones, como ocurre también en otras muchas funciones laborales. El desprecio por su misión revela el desconocimiento de la sociedad moderna. Si el comportamiento de las fuerzas del orden es siniestro, siempre es culpa del poder político que lo induce o determina como a otras instituciones. La justicia, por ejemplo.

Es importante resaltar que en la sociedad en que vivimos, la violencia institucionalizada está codificada, o sea, posee elevada formalidad.

Además, de haberse especializado y diferenciado, es pública, o sea que las normas y castigos que corresponden a quien viole las normativas pueden ser conocidos en cualquier momento, y la represión debe ajustarse a la permisividad de las normas y debe ser explicada. Aspira a la racionalidad: si se castiga debe decirse por qué, aunque la explicación pueda ser deficiente o falsa y las normas inadecuadas, inconvenientes o inmorales.

Lo peor que puede pasar es que se continúe con numerosas normas antiguas, inaplicables o inconvenientes a la nuevas situaciones sociales, por lo cual la complejidad de la estructura social, la impersonalidad, la revolución de las aspiraciones, son fenómenos que pueden converger en una reorientación del marco normativo y valorativo que provoque el fenómeno de la anomia. En este caso no se sabrá a cuales normas atenerse para desarrollar la acción. No es lo mismo que la necesidad de elegir entre opciones en una situación cuyo marco normativo se conoce perfectamente.

Por último y resumiendo, las fallas de la policía no dependen de ella misma sino del poder político que debería tener un estrecho control sobre su conducta, y de la sociedad sobre ambos. Puede mejorar si las normas son mejores y si las creencias de los miembros de la sociedad mejoran acerca de la libertad, la democracia y la justicia. El respeto a estos principios son la base del respeto a la policía, cuyo trabajo además de ser indispensable es difícil y peligroso.

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Elena Valero Narváez

Autora de El Crepúsculo Argentino (Ed. Lumière, 2006). Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Miembro del Instituto de Economía y Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.