«Bien común» y mercado

Nos hemos explayado entre dos nociones diferentes de la frase bien común, ambas antagónicas. El dilema se plantea entre la versión colectivista de bien común y la individualista.

La versión colectivista de bien común implica, en realidad, que esa expresión se entiende como un supuesto «derecho» de las mayorías por sobre las minorías, es decir donde los más se benefician en perjuicio de los menos. Esto se opone al concepto liberal o individualista de la locución, donde el favor o ventaja de unos no puede implicar de ningún modo el perjuicio de otros. Propiciaremos este segundo sentido como el correcto a nuestro criterio.

En este último, el bien común –y en nuestra opinión personal– alude al bien de todos sin excepción, caso contrario habría que utilizar otras fórmulas, por ejemplo: bien general, bien mayoritario, etc. No obstante, está implícito en el uso habitual de la frase bien común como el de un grupo mayoritario, difuso e indefinible, o más bien definible a gusto del definidor. Esto ha dado pie a que políticos inescrupulosos y hasta tiránicos hayan pretendido enarbolar para sus acciones antisociales la bandera del bien común, con los consiguientes abusos y angustias que acarrearon hacia sus contrarios, y paralelamente, alegrías y provechos para sus partidarios.

Personajes como Hitler, Mao Tse Tung, Mussolini, Stalin, Fidel Castro, Juan D. Perón, Chávez y otros nombres siniestros de la historia (por solo citar algunos y los más conocidos por todos) han pretendido ser los adalides y genuinos defensores del bien común. Los resultados han sido los de público conocimiento: guerras sangrientas, pobreza, hambre, miseria, devastación, etc.

Resulta intrínsecamente discordante con la frase bien común que, en su aplicación, unos se privilegien a costa de los demás. El bien común no se contrapone ni está en contradicción con el bien particular, porque si este último supusiera eventualmente el mal de un semejante, inmediatamente desaparecería el bien común.

Por otra parte, en el caso de que un individuo dañe a otro, tampoco podría decirse que el bien particular del agente dañoso se logró a costa del mal provocado al sujeto dañado, ya que ante un daño cualquiera habrá una reacción tendiente a una reparación, sea social o individual, con lo que el supuesto bien particular obtenido a costa del mal particular de otra persona dejará de ser un bien particular. En otras palabras, ante tales circunstancias el bien común dejaría de existir.

Ahora bien, la pregunta clave es: ¿puede la política o los políticos conseguir el bien común? Creemos que la política es solamente un factor, entre otros, en dicho cometido. Y la experiencia ha demostrado que, lejos de ser un gestor causal del bien común, con frecuencia ha sido su primordial obstáculo. Sucede que los operadores de la política, es decir los políticos, aún en los casos en los que abrigan las mejores intenciones, no están en condiciones de conquistar el bien común por muchas razones.

La primera de todas, a nuestro entender, es la ya señalada antes: que confunden el bien común con el bien mayoritario. En consecuencia, sus acciones se encaminan en tratar de consumar, en la medida de sus posibilidades, ese bien mayoritario. La dificultad consiste en que, aún ciñéndonos a una mayoría circunstancial, cada uno de los integrantes de esa mayoría entiende «el bien» de distintas maneras. Ningún político se halla en condiciones de conocerlas a todas, y menos aún al detalle como para satisfacerlas a todas y cada una.

Eso es así, como hemos señalado, suponiendo que los políticos manifiestan sus mejores propósitos. Pero a menudo, especialmente en el caso latinoamericano, las miras de los políticos no se orientan en ese sentido, sino que se limitan a alcanzar las mayores ganancias para sus partidarios, y solo secundariamente para el resto de los ciudadanos, en tanto y en cuanto tales procederes les reporten algún rédito político. Esto se traduce, en buen romance, en votos que les permitan conservar el poder, o volver a acceder al mismo en caso que momentáneamente no se hallen al mando. Pero hay una situación todavía peor, que es cuando los políticos tratan de lucrar todo lo posible y en exclusiva para el propio círculo gobernante, descartando tanto a partidarios como al resto de la ciudadanía.

Nuestra perspectiva es que la meta del bien común debe ser algo que comprometa a toda la sociedad, tanto a la política como la civil. Y dado que existe una interacción permanente entre ambas, son ellas en conjunto las que pueden alcanzar o frustrar el objetivo tendiente a arribar al bien común.

Hay que recordar que hemos caracterizado a la sociedad política como dependiente de la civil y subordinada a ella, al menos en el plano de cómo debe ser. Si existe un enfrentamiento o conflicto entre ambas sociedades, demos por cierto que ningún objetivo de bien común podrá ser captado. Si hemos considerado por seguro que la colisión entre dos individuos atenta contra el bien común, no menos será cierto cuando el problema aparezca entre dos grupos sociales.

Centrando ahora el análisis de cómo opera la sociedad civil para arribar al bien común, diremos que el principal instrumento es el mercado, ámbito en el cual se coordinan, combinan y complementan los deseos de compradores y vendedores. Habida cuenta de que los humanos no somos autosuficientes, resulta necesario intercambiar en libertad nuestras producciones con las de nuestros semejantes. Cuando tales procesos se verifican en la más total libertad, la satisfacción derivada entre las partes contribuye al fin del bien común.

Pero más allá de lo relacionado al dinero, la llave que abre la puerta del bien común es la libertad. Sin libertad no hay bien común posible. Y en el fondo, el bien común reside en el pleno agrado de todas las aspiraciones humanas, sean dentro o fuera del mercado. No olvidemos que el mercado es una simple y mera herramienta para la consecución de tales objetivos. No obstante, todos los fines –mercantiles o no– necesitan inexorablemente de un requisito ineludible que se resume en una sola palabra: libertad.

Gabriel Boragina

Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Fundador, Director, Editor y Redactor de la revista de divulgación académica Acción Humana.