Pobreza, igualdad y justicia social

Gracias a que el gobierno actual recuperó el INDEC, sabemos que el índice de la pobreza alcanzó el 32 % en 2018, lo cual es muy alto, considerando las expectativas que tenían los argentinos al asumir Mauricio Macri la presidencia.

Si bien la desigualdad social es tolerable porque no se la puede eliminar en cualquier sociedad donde la cooperación es imprescindible para la supervivencia, la pobreza no lo es. La economía es una manera particular de administrar recursos escasos y supone siempre desigualdad social. Si algunos pueblos primitivos parecieron practicar la igualdad, es porque vivían en la miseria. Pero en la actualidad, y en un país que tiene todos los recursos para morigerarla, este índice de pobreza no es admisible.

Ante un escenario electoral, la gente piensa en la economía y son muchos a quienes les cuesta llegar a fin de mes. Por ello, a la imagen de un presidente devaluado, se le suman los efectos psicológicos destructivos en todo el ámbito social, incluida la ética del trabajo.

Ya se puede apreciar que el gobierno no ha entendido la imposibilidad de atacar la pobreza sin decisiones políticas destinadas a que existan condiciones para crear riqueza, única forma de que espontáneamente, ésta llegue a los sectores más pobres que hoy no tienen posibilidades de acceder a una digna calidad de vida.

Los gobiernos en general han igualado el término desigualdad con el de pobreza. De esta forma se ha recurrido a miles de planes sociales en busca de justicia social, quitando a los sectores productivos para darle no solo a quienes están en la indigencia, sino también a quienes no lo necesitan, motivados por fines políticos. De esta forma, la pretendida distribución de la riqueza ha derivado en más pobreza general. En vez de dar beneficios temporarios o permanentes a discapacitados, enfermos y gente que realmente necesita ayuda, han extendido subsidios y prebendas a sectores que no los necesitan y que procuran no solo mantener, sino aumentar sus ventajas extorsionando al poder.

No han comprendido, como lo ha hecho Chile y otros países, que el mercado es el mejor método de asignación de recursos, no desestimando la enorme responsabilidad del Estado en hacer respetar la igualdad ante la ley entre todos los que participan en él, incluso alguna intervención deliberada que permita mejorar la acción social de todos los miembros de la sociedad.

Como hemos visto en los regímenes comunistas, la utópica decisión de hacer desaparecer las desigualdades sociales debió apoyarse en dictaduras terribles y crueles. Venezuela es un ejemplo cercano que va camino a ello, incitada desde hace tiempo por los gobernantes cubanos. Se ha desestimado allí, como aquí en menor medida, que el sistema de desigualdad espontánea que provoca el mercado, genera condiciones no solo para generar riqueza, sino también para la responsabilidad y la competencia, que permiten la movilidad social de sus miembros, como también la posibilidad de un sistema democrático al fortalecer la sociedad civil.

En nuestro país, salvo honrosas excepciones, es el gobierno y no el mercado el que pretende en buena medida determinar “iluminadamente” qué sectores deben desarrollarse, creando desigualdades mayores a las que pretende erradicar, aunque se beneficien algunos. La ayuda e inversión estatal está provocando enormes injusticias, gastos e ineficacia, además de decisiones demagógicas que acrecientan la pobreza, dejando afuera a los que tienen menos posibilidades de vida.

Marx se equivocó cuando consideró que podría alcanzarse la igualdad suponiendo que cada uno podría tomar lo que necesite del producto global y que todos los miembros de la sociedad merecían igual recompensa. Olvidó que las necesidades humanas son infinitas y los bienes escasos. Los gobiernos comunistas intentaron llevar a la práctica las ideas marxistas: distribuir o repartir por medio de decisiones autoritarias, eliminando al mercado como mecanismo espontáneo y automático de distribución. El resultado fue la opresión, el terror y la degradación de la condición humana. A pesar de ello, esas ideas aún tienen influencia.

Tal como lo ha sido para los países desarrollados, una economía capitalista es la solución para nuestro país. Viene acompañada de desarrollo científico y tecnología, igualdad solo en el plano jurídico, resguardo de la propiedad privada y democracia. Aquí los gobiernos detienen al capitalismo, que es en síntesis un sistema de reglas que produce el surgimiento como resultado final, y que permite a las personas que hagan lo que desean, pero haciéndose cargo responsablemente de lo que ocurra por sus acciones y elecciones. Solo una resurrección capitalista puede incrementar la creatividad, potenciar la producción, la productividad, el trabajo, y mejorar espectacularmente la calidad de vida de los argentinos. Distorsionar los mercados, modificar o influir en la direccionalidad de las inversiones y de la psicología y el comportamiento de los agentes económicos, no ayuda.

Para todo cambio hay que tener preparado el reemplazo de lo que se destruye.

En estos tres años, Mauricio Macri predicó por un cambio favorable pero no se elaboró un plan para cambiar las condiciones que paralizan una economía de mercado. Es así como no se han hecho las reformas del Estado, tanto laboral, previsional e impositiva, que son capitales para atraer las inversiones. El futuro se corporiza en la inversión, de allí su importancia, y debe ser respetada por el estado de derecho.

Los inversores apostarán a la Argentina solo si la institucionalidad es estable y el Estado les da las seguridades necesarias. La igualdad ante la ley morigera las desigualdades. No las elimina, pero crea un ámbito de equidad para neutralizarlas al dirimir los conflictos que generan, u crea una instancia arbitral superior a la que todos deben sujetarse. No es ni será infalible en ningún caso. No produce igualdad en poder, prestigio, educación y ocupación. La igualdad en todos los planos significaría que todos los comportamientos fueran iguales y que merecieran el mismo valor. Aunque la política ha permitido vivir como zánganos a muchos, es porque otros los mantienen además de mantenerse a si mismos.

Los argentinos debemos dejar de desear cosas imposibles y los políticos no deben prometer lo que es irrealizable. Esto nos ha llevado a la pérdida de confianza en la democracia, el único método que conocemos para quitarnos de encima a malos gobernantes sin utilizar la fuerza. Es así como muchos callan, inconscientes del peligro ante la sentencia de la expresidente Cristina Fernández acerca de cambiar las instituciones liberales si asume otra vez el poder.
 

Artículo subido por Iván Grattone.

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Elena Valero Narváez

Autora de El Crepúsculo Argentino (Ed. Lumière, 2006). Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Miembro del Instituto de Economía y Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.