La deslealtad a la Constitución

Nuestro padre fundador, Juan Bautista Alberdi (1810-1884), nos dijo con claridad que «todo pretexto de reglamentar la libertad para oprimirla o restringirla es un atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, ya que en esa libertad tiene su principio más fecundo».

No se equivocó Alberdi cuando escribió las siguientes frases:

  • «¿Puede haber fisco rico de país desierto y pobre? Ni la ley ni poder alguno pueden arrancar a la industria argentina su derecho a la libertad constitucional, o sea la de poseer y tener, de trabajar y producir, de adquirir y enajenar, de obligar su voluntad, de disponer de su persona y de sus destinos privados».
  • «La Constitución garantiza la libertad de comercio a todos y cada uno de sus habitantes, sea ciudadano o extranjero».
  • «El Estado no puede convertirse en empresario. Si lo hace, desnaturaliza y falsea por sus bases el gobierno de la Constitución sancionada y el de la ciencia, pues lo saca de su destino primordial que se reduce a dar leyes (Poder Legislativo), a interpretarlas (Poder Judicial) y a ejecutarlas (Poder Ejecutivo). Para esto ha sido creado el gobierno del Estado, no para explotar industria con la mira de obtener lucro que es todo el fin de las operaciones industriales».
  • «El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias sino para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o bien sea, la libertad de industria».

Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución de 1853, nos alertó sobre la importancia de que la ley no tuviera más poder que el que le ha trazado la Constitución.

Los argentinos nos preguntamos por qué nos va mal, por qué no podemos regresar a la Argentina de principios del siglo XX. Tenemos clara la respuesta cuando leemos a Juan Bautista Alberdi. Hemos sido prisioneros de gobiernos que nos obligaron a no cumplir con las normas constitucionales por reglamentos coercitivos a la libertad de comercio.

Los gobiernos olvidaron a Alberdi y a la Constitución, y nos llenaron de reglamentaciones que trabaron la libertad de comercio, quitaron las empresas a sus dueños o las expropiaron para estatizarlas. Se entrometieron fijando los objetivos de las empresas, imponiendo normas arbitrarias e ilegítimas, contrarias a los principios constitucionales. Se adueñaron del mercado de cambios imponiendo regulaciones. Exportadores e importadores fueron sometidos a la voluntad de funcionarios por trabas que nos alejaron del mundo desarrollado. Se nos acabó la seguridad jurídica y fueron inútiles las quejas a los más variados atropellos del Estado.

La sociedad civil fue debilitada, con lo que eso significa para la vigencia de la democracia y la República, y no reaccionamos ante las consecuencias. Hoy tenemos ejemplos claros de la incompetencia de los gobiernos cuando se convierten en empresarios y el gasto enorme que significa meterse empresas sobre la espalda.

La demanda ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) y el fallo adverso por la estatización de Aerolíneas Argentinas, nos obliga a pagar 320 millones de dólares. Además, el juicio por esta expropiación deberá continuar en Nueva York en vez de realizarse en Argentina, lo cual sería más conveniente para el gobierno.

Estos serios inconvenientes no serán subsanables si los políticos siguen preocupándose solamente por los votos, sin atender a la vez la necesidad de informar a la gente sobre los peligros que conlleva violar la Constitución.

Las empresas en manos del Estado aún son aceptadas por amplios sectores de la sociedad. ¿Dónde están los políticos que descreen de la intervención estatal y que levantan la voz cuando se expropia en nombre de tener una línea de bandera o disparates por el estilo, producto de obsoletas creencias que han puesto al país en tantos problemas, no permitiéndole avanzar y mejorar? Con libertad seguimos eligiendo el mal del estatismo, lo que significa que aún en democracia podemos equivocarnos.

Hay que predicar para que las ideas liberales prosperen con ejemplos como este, que muestran la inoperancia del Estado intervencionista y empresario. Explicar en los medios, universidades y colegios, que conviene la empresa privada porque tiene como meta la ganancia, mientras que la estatal se dedica a ampliar el caudal electoral del político de turno.

Es necesario que se sepa que cuando una empresa se estatiza, crece la burocracia, deja de ser redituable y no hay despidos, y cuando alguien decide bajar el número de empleados, las huelgas o los piquetes. De esa forma se sigue alimentando a un muerto y mostrando que el control actual del Estado sobre sí mismo es casi nulo porque no posee una ética del trabajo, ya que aumenta sectores administrativos innecesarios, no despide personal para no pagar un costo político, y que sus productos o servicios, al no tener que competir, son deficientes sin importar el respeto al consumidor.

Aerolíneas Argentina, como otras empresas estatales o dependientes del Estado, disimula su ineficiencia y sus pérdidas con subsidios y oportunidades prebendarías. Sus funcionarios no son controlados por el mercado, las ganancias no permiten subsistir sin la protección del Estado y no está presionada por los ingresos. Es así como tiene exceso de empleados ineficientes, abúlicos e indiferentes porque no temen al despido, tal como ocurre en todas las empresas estatales.

El sistema democrático es esencial y es la mejor herramienta social para ejercer el control del Estado, pero tendrá trabas para hacerlo si la cultura política es autoritaria, o si la dinámica corporativista ha invadido el área de los partidos políticos, reemplazándolos parcialmente en sus funciones como ocurre aún en Argentina. Privatizar sigue siendo mala palabra, y apenas se la insinúa, los Moyano, la Iglesia y las organizaciones empresarias ligadas al Estado ponen el grito en el cielo porque desean colocar al gobierno y a los partidos a su servicio.

Como nos enseñó Alberdi, no se puede defender la Constitución y la democracia por un lado, y por otro lado inclinarse por la coacción sobre las personas en la economía. Tenemos que adecuar el pensamiento político con el económico y es tarea de políticos, profesores, maestros y gente de prensa que hayan aprendido de los errores del pasado, comprendiendo el mal que han hecho los gobiernos con estas ideas, y preocuparse por cambiar la conciencia estatista de los argentinos. Es la mejor manera de recuperar la riqueza nacional.

Hoy parte de la oposición se lamenta del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sus ideas son las que critico en esta nota porque descreen de la propiedad privada. Su triunfo implicaría una profunda destrucción de riqueza y perjudicaría a toda la sociedad sin destruir la desigualdad en ninguna de sus dimensiones.

A menos sociedad civil, tendremos más concentración del poder y con ello más «igualdad económica», porque se generalizará la pobreza excepto para «los que mandan», los cuales serán muy ricos, tal como sucede en Venezuela y Cuba.

Detener el sistema capitalista o entorpecerlo en el plano político, lleva al autoritarismo porque dejan de existir grupos, estratos, sectores, profesiones, y sobre todo, centros de poder social no ligados al Estado, que entre otras funciones tiene la de controlarlo.

El Estado difunde la corrupción al resto de la sociedad porque las empresas actuarán en un mercado distorsionado por la acción estatal, y las que posean conexiones políticas serán amparadas por préstamos, exenciones y otros privilegios. Todo se justificará con el “interés nacional”.

La película ya comenzó en el gobierno del matrimonio Kirchner. ¿Los argentinos le permitirán completarla a la fórmula Fernández-Fernández?

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Elena Valero Narváez

Autora de El Crepúsculo Argentino (Ed. Lumière, 2006). Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Miembro del Instituto de Economía y Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.