Crisis obliga
No hay duda de que estamos en la puerta de una crisis económica y financiera de proporciones. Los acontecimientos después de las PASO la están delineando apresuradamente. Las declaraciones de Alberto Fernández en España y las de Cristina Fernández en nuestro país, muestran que si el kirchnerismo volviera a gobernar, no respetará la Justicia y se centralizará el poder. Para que se resuelvan rápido los problemas, la sociedad aceptará que el poder se concentre. Es muy posible que venga el control de la economía y luego se intente una dictadura, necesaria para evitar los desmanes que producirán el desempleo y la reducción de los salarios como consecuencia de una posible hiperinflación.
Se manifestará el peligro de descender como país, aliándonos y comerciando con países que poco tienen que ofrecernos en materia tecnológica y cultural, como bien lo muestra el caso de Venezuela, acercándonos a un peligro adicional con respecto a la soberanía nacional. Cuando el mundo democrático nos mire de reojo con temor a prestarnos y radicar inversiones, no habrá inconveniente en que un presidente kirchnerista se acerque a países autoritarios.
Para colmo, los partidos con posibilidades de llegar al poder no presentan propuestas ni discuten ideas para esclarecer la peligrosa situación a la que estamos ingresando. A los dirigentes solo les preocupa solamente conseguir votos a cualquier precio. Se observa claramente que sus declaraciones se basan en promesas irrealizables. Tampoco se escuchan voces que deseen superar la crisis apelando a una concepción global, que evite los fenómenos que nos inducen a entrar en el círculo del eterno retorno.
Por una cosa u otra, nuestros gobernantes evitaron hacer el esfuerzo de superar las crisis transformando las estructuras económicas, por lo que navegaron con exceso de emisión o endeudamiento hasta fracasar en la gestión por depreciación del peso, fuga de capitales e inflación. Entonces recurrieron a aumentar más los impuestos a quienes producen, sin reducir el gasto ni bajar los sueldos, provocando la disminución de los ingresos fiscales y aumento del déficit.
La democracia a la que regresamos con entusiasmo en 1983, se ha devaluado por la crisis económica al punto de que una mayoría ha votado la perdida de la libertad de expresión en las PASO. Recordemos que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner obligaron a vender medios opositores, despedir periodistas y callar con amenazas la voz de los reporteros independientes, incluso por cadena nacional.
Si llegan los Fernández al poder, otro problema que regresará será la corrupción institucionalizada, admitida otra vez por los argentinos. Una vez más, el gobierno hará grandes negociados que se presentarán como lo hacía Cristina Kirchner, en nombre del interés nacional.
El déficit fiscal global, aumentado por políticas populistas y estatistas que el actual gobierno intentó reducir por estar condicionado mediante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ascenderá por la creación de dinero espurio en al Banco Central, el cual será dependiente de las necesidades del Gobierno. La lógica consecuencia será la inflación. No olvidemos que una porción amplia de la población espera con ansiedad que se le aumenten los “derechos adquiridos”. Es insaciable si de ventajas se trata. Al gobierno no le quedará más remedio, como nos indica la experiencia, que intentar ofrecer fuentes de trabajo por medio de una política desarrollista. El Estado se convertirá en empresario.
Esta política exigirá subir los impuestos y ahogar a los sectores productivos. El campo será el principal proveedor como siempre, y será el que sufrirá inmediatamente impuestos discriminatorios, llevándolo a no poder competir en mercados internacionales, sin contar con las ventajas de los precios altos de sus productos, como eran en el gobierno de Néstor Kirchner. La persistencia de la exacción los conducirá a bajar la producción. Los impuestos deberán financiar un Estado cada vez más grande y los argentinos se verán obligados a todas las tretas posibles para evadir.
Resumiendo: se aumentará el gasto en vez de reducir toda inversión que no pueda financiarse con dinero real. No se reducirá el tamaño del Estado, sacándole de encima empresas deficitarias o pasándolas al sector privado. Seguiremos con la receta tan temida: déficit-inflación. No habrá saneamiento monetario ni financiero, ni se harán las reformas de las estructuras económicas del país. Tampoco se realizará una reforma integral impositiva tendiente a reducir y eliminar impuestos que tanto pesan hoy sobre las actividades productivas.
Escuchar a referentes kirchneristas exigiendo cosas locas como la reforma agraria, además de recordar las anteriores experiencias de gobierno, nos obligan a pensar que las presiones de sectores nacionalistas y socialistas alentarán al gobierno a seguir por este camino de esclerosar la estructura productiva y afirmar empresas ineficientes, deficitarias e incapaces de progresar.
Argentina se convertirá en un país socialista con rasgos fascistas donde no se tendrá en cuenta el interés general, sino el de determinados sectores organizados y capaces de presionar al gobierno, como algunos empresarios prebendarlos y proteccionistas a quienes les conviene estar ligados al Estado. También por parte de sectores gremiales corporativos que piden beneficios adicionales para sus bolsillos y para sus afiliados, lesionando los intereses de otros sectores. Se acumularán las prohibiciones a importar, los derechos de exportación y el aumento de subsidios a la producción protegida e ineficiente, perjudicando a todos los consumidores. El corporativismo se va a agravar y la consecuencia será una estructura económica ineficiente, lejana a la de los países capitalistas.
El Estado debe ocuparse de crear las condiciones para que cada uno pueda intentar su proyecto de vida dentro de reglas claras y libertades aseguradas. Esto implica democracia y economía capitalista, donde la sociedad civil se refuerce por el respeto a la propiedad privada. Son esenciales para el progreso las reformas que cambien una estructura económica basada en las órdenes del Estado, por otra que contemple las decisiones de los individuos en un clima de seguridad jurídica e institucional y libertad económica.
Para bajar el gasto público excesivo, creador de fenómenos que nos transportan a las crisis recurrentes que sufrimos los argentinos, hay que achicar el Estado. La solución es liberal, pero muchos gobernantes se niegan a implementarla por falta de coraje para enfrentar a quienes se opondrán por miedo a perder prebendas y beneficios, y también por el temor que el remedio sea peor que la enfermedad.
Hoy en día basta con observar a tantos países que se han desembarazado del flagelo de la inflación, aumentando la producción, la riqueza y el nivel de vida de los asalariados, los más afectados, para animar a los gobernantes, por medio del voto, a hacerla propia. Sin duda llegará, como sucederá en Venezuela, la necesidad de terminar con la crisis institucional y la pérdida de los derechos individuales, además de la inflación. No deberíamos esperar para hacerlo a último momento, tal como ocurre allá, sino que deberíamos tomar remedios con el mismo mal gusto.
Espero equivocarme. Nadie es dueño de la sociedad ni de la historia para ver el futuro, pero las comparaciones valen para intentar no repetir situaciones que nos llevan a cometer semejantes errores y tener parecidas consecuencias. La educación debe ser una exigencia diaria, porque a más educación, mayor conocimiento y comprensión de los problemas que nos propone la vida.

Autora de El Crepúsculo Argentino (Ed. Lumière, 2006). Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Miembro del Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
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