Volver al plan económico del Dr. Carlos Saúl Menem

La complicada situación en la que asumirá el nuevo presidente, muestra a un país con un Estado casi en bancarrota que no puede financiar su desproporcionado gasto público de ninguna forma: ni con altos impuestos, ni consumiendo capital, ni con endeudamiento externo e interno, ni con emisión monetaria. Ninguno de estos recursos está disponible. Hartos de pagar impuestos, la gente se resistirá a que los aumenten, sabiendo que se gastarán mal. El crédito externo también se niega a un gobierno ya conocido por sus actitudes no predispuestas al pago de las deudas.

Desde hace años, el Estado fue destruyendo la moneda, y como siempre, la gente que pudo huyó hacia el dólar o hacia bienes y cualquier activo para proteger su patrimonio. La película, tantas veces repetida, comienza con la caída de las ventas, la suspensión de personal o empresas que cierran. Todos sabemos cómo es el final: estos fenómenos traen consecuencias políticas y sociales.

No hay duda de que se deben adoptar medidas profundas que respondan a un plan coherente, homogéneo, y que sea ejecutado por un equipo serio de hombres creíbles que inspiren confianza y tengan un buen diagnóstico de la realidad para encarar un plan que incluya el equilibrio de las cuentas fiscales, la liberación de todos los mercados (incluido el cambiario y el laboral), la estabilidad monetaria y el funcionamiento pleno del sistema de precios.

Ya que ha ganado el peronismo y en buena ley, si el nuevo gobierno no quiere fracasar, debería volver a la política económica y social lanzada por el Dr. Carlos Saúl Menem el 8 de julio de 1989, cuando inauguró su mandato. Dicha política era de orientación liberal y reemplazó a la que había subsistido desde 1946, que fue de fracaso en fracaso.

Con decisión política y después de algunos titubeos, Menem decidió reemplazar la economía regimentada y autoritaria por una economía libre, y sustituyendo la planificación estatal de las actividades económicas por el ordenamiento del mercado. Reemplazó también la emisión de moneda espuria, asegurando la estabilidad monetaria que permitió la estabilidad de precios y la preservación de los derechos individuales. Definido el rumbo, privatizó las empresas del Estado y desreguló las actividades económicas. Pareció un milagro el hecho de que limitara al Estado benefactor.

Si bien la Ley de Convertibilidad no fue parte del modelo que llevó al mejoramiento de la economía, permitió atraer la confianza porque se dejó de pensar en la inflación. La decisión adecuada fue dejar las ideas socialistas y populistas, y tomar las que pregonaban los liberales encabezados por el Ing. Álvaro Alsogaray.

Hoy la figura del expresidente Menem irrita a buena parte de los argentinos por sus acciones y actitudes que no correspondieron a una ética intachable, sin separar lo que representó en cuanto a política social y económica, evidentemente transformadora, que inició con enorme valentía y convicción. Los prejuicios antiliberales y la conveniencia política de encontrar un chivo expiatorio para echarle a alguien la culpa de los propios fracasos, hizo y hace que se consideren más las fallas en la implementación del modelo, que las enormes transformaciones que trajo y pueden traer la reformas de orientación liberal que llevó a cabo.

Sin duda, aumentar el gasto público fue un gran error de Menem; nadie puede defender la política fiscal de esa época. La debilidad del sistema financiero no se caracterizó por la eficiencia. Debieron haberse privatizado los bancos provinciales y los nacionales, todos centros de elevada corrupción por su ligazón a prebendas políticas. Pero sin negar errores, hay mucho para enfatizar cualitativamente: terminó con el control de precios, un medio socialmente y culturalmente nefasto después de más de medio siglo de vigencia, y dio la gran estocada a las empresas estatales destruidas por la política, la burocracia y los sindicatos. La corrupción organizada que estaba ligada a las empresas del Estado se minimizó con las privatizaciones. Pero no lo valoramos y todavía escuchamos voces favorables a continuar con las empresas nacionalizadas.

El campo, sin retenciones, se puso al día con una revolución tecnológica solo comparable a la de 1870-1910. Toda la producción del sector aumentó en calidad y cantidad. Fue por esos logros que se pudo enfrentar la terrible crisis de 2001, preparada por el gobierno de la Alianza. Sin esa revolución agroindustrial, no podríamos haber aprovechado los altos precios de nuestros productos en el mercado internacional a partir de 2002.

La verdadera razón del rechazo a las presidencias de Menem es que los argentinos son anticapitalistas, aunque en realidad son las políticas socialistas las que atraen la pobreza y aumentan la opresión. Los Kirchner, por motivos políticos, destruyeron el modelo que Menem inició y que habían aplaudido en su momento, en vez de mejorarlo, consolidarlo y profundizarlo como hizo Chile.

No todos los peronistas son iguales. Este es un prejuicio. El Dr. Menem nos permitió vivir sin control de la libertad de opinión y terminó con el desacato: cualquiera podía criticar sin miedo al gobierno y al presidente, y con gran olfato político, se dio cuenta de que solo podíamos crecer si imitábamos a los países más adelantados del mundo. No vaciló en dejar su añeja postura peronista, propiciando un cambio económico y político que nos abriera las puertas para relacionarnos con otros países, de mopdo que nos pudieran comprar bienes o servicios si hacíamos los cambios adecuados a nuestra estructura económica ligada estrechamente al Estado. Antes de las reformas de los 90, vivíamos con degradadas instituciones políticas y económicas, aislados del mundo, con el terrible impuesto inflacionario y soportando gobiernos intervencionistas.

Por su parte, el presidente Macri y su política gradualista, en vez de tirarse a la pileta con un plan global liberal que abarcara reformas estructurales, eliminación de subsidios no necesarios, reforma arancelaria e impositiva, reforma laboral y desregulación de la economía, perdió la gran oportunidad política de llevar adelante el profundo cambio que comenzó Menem. Aumentó la deuda externa con la intención de aumentar el gasto público sin descargar el costo del mismo de forma inmediata en la gente, pero dicha fuente se ha cerrado ante el peligro de incobrabilidad de los préstamos.

El apretón de manos entre el presidente Macri y el presidente electo Fernández es un buen comienzo para que la transición hasta diciembre sea fructífera y amigable. Después, Fernández tendrá que dirigir un país en problemas, sin crédito externo, con desconfianza de jefes de Estado de países democráticos y de inversores. Con Cristina Fernández y La Cámpora pisándole los talones, no le será fácil asomar la cabeza. Además deberá afrontar los pedidos de la sociedad que se suman al de mejorar la economía, por ejemplo las falencias y demoras en la administración de justicia, los conflictos que se darán con seguridad en un Congreso con fuerte oposición, o evitar que se institucionalice la corrupción y la inseguridad jurídica.

La sociedad no está dormida y no será indiferente a los escándalos que puedan suscitarse como en las otras administraciones kirchneristas. Los abusos, desinformación y la persecución de periodistas opositores para intentar desinstitucionalizar a la opinión pública no será facilmente tolerada, por lo que el próximo Gobierno deberá cuidarse de cometer abusos o desinformar como se hizo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Necesitábamos y seguimos necesitando ahora, de manera imperiosa, un plan de reformas integral que elimine la inflación atacando sus causas con decisión, a la vez que se pase de una economía dirigida a la de mercado; la eliminación de todos los privilegios que contribuyen a la impunidad, las prebendas estatales y la falta de competencia. Hacer lo que se debe para no espantar al capital nacional y extranjero.

El próximo gobierno que viene ejemplos exitosos en el mundo como para explicar las ventajas de cambiar el modelo dirigista y corporativo que viene aplicándose en Argentina, más o menos profundamente según las circunstancias. Hay que restablecer la estabilidad monetaria y la competencia externa e interna en todos los mercados, atendiendo con cuidado y esmero la necesaria reforma monetaria y financiera, sin quitar los ojos al problema de la deuda externa e interna y al déficit fiscal.

Si el nuevo gobierno impusiera desde el principio las reglas del juego basadas en la libertad, la competencia y el funcionamiento pleno de los mercados, la gente y los empresarios, productores, comerciantes y consumidores se adaptarían rápidamente, y lo que es más importante, la confianza se restablecería de inmediato, sabiendo hacia donde se va.

Alberto Fernández tiene la oportunidad de pasar a la historia como un gran presidente si puede crear el poder necesario que le permita realizar los grandes cambios que el país necesita. O por el contrario, ser recordado como un presidente que fue llevado de las orejas para realizar un proyecto basado en ideas basadas en el populismo, y el rechazo a los partidos políticos en beneficio de una representación corporativa.

Ideas antiliberales que penetraron en la cultura convencional y en los medios masivos de comunicación nos pueden llevar hacia un plan de medidas dirigistas, intervencionistas e incluso inflacionarias, con congelamiento de precios e intervención directa del Estado, fijando y congelando los precios de las divisas. Son medidas antimercado que tienden a profundizar aun más las distorsiones, tanto en la asignación de los recursos productivos como en los precios productivos internos, política que en muchas oportunidades ha demostrado ser inoperante para salir de un Estado con altos grados de inflación. Los controles a los que fácilmente se recurre, le ponen freno a la economía porque traban la competencia. Después de tantos años no se entiende que los precios solo pueden ser determinados por los consumidores y no por los burócratas de turno.

A Alberto Fernández se lo vio rodeado de sindicalistas. Eso presagia un intento de acuerdo, no solo con empresarios sino también con ellos. La presión gremial por los salarios será muy fuerte por el grave problema social. Algunos de los próximos funcionarios han expresado que castigarán a los ricos con impuestos para financiar los subsidios a los pobres. Estos se verán más pobres con políticas que castigan la inversión, y por lo tanto, la posibilidad de trabajo y progreso. Además, si suben los impuestos, esta vez habrá mayor evasión, como siempre ha sucedido cuando el Estado vacía el bolsillo de los contribuyentes.

Si se agotan las fuentes de financiamiento, se aumentan las obligaciones y el Estado no podrá hacerse cargo, por lo que sería probable su quiebra. Es imprescindible modificar el régimen estatista que dio origen a esta situación. No hay otro camino. Es de esperar que el próximo gobierno se dé cuenta de que debe crear las condiciones jurídicas, políticas y económicas que inicien un período de inversiones que generen crecimiento y generación de riqueza, de modo que permita tener la capacidad contributiva para afrontar las obligaciones del Estado.

No se debe dejar de cumplir con parte de la deuda o con la totalidad de ella, vía amigable negociación. Cumplir con los compromisos es fundamental. El Estado de las finanzas y de la economía no admite medias tintas. Alberto Fernández Debe entender que por encima de su ideología e intereses sectoriales está el bien de la República. No debe seguir con lo que ha fracasado, debe tener visión de estadista. Solo a través de la iniciativa individual y la competencia pueden crearse condiciones capaces de generar progreso y realización personal. Depende de que el gobierno que viene, como lo hizo Carlos Menem, tome decisiones correctas, y no más de lo mismo.

No son muchas las esperanzas de que un gobierno de corte netamente populista se decida a encarar reformas tendientes a cambiar el sistema que siempre terminó en fracaso. Es probable que una vez más se prefiera no dar la debida importancia a la posibilidad de llegar a la hiperinflación. No se puede pensar en la reactivación de la economía sin atacar los índices de inflación, y solo puede ser atacada con un plan global que apunte a restablecer la confianza con medidas coherentes como restablecer la estabilidad monetaria, reducir firmemente el gasto público, un presupuesto equilibrado y la liberación de todos los mercados.

Si una vez más los gobernantes se oponen a tomar el rumbo correcto, lo más probable es que nos pase por encima el tsunami hiperinflacionario y se conmuevan los cimientos políticos e institucionales vigentes.
 

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Jueves 31 de octubre de 1991. El presidente Carlos Menem anuncia mediante cadena nacional la promulgación de un decreto de desregulación de la economía que, según sus propias las palabras, tiene el objetivo de romper la telaraña del Estado prebendario, asfixiante y arbitrario que trabó la vida productiva nacional mediante un conjunto de innecesarias regulaciones. Entre las principales disposiciones, el Poder Ejecutivo resuelve dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en el país, liberar el transporte de carga y personas, eliminar aranceles fijados por colegios profesionales, desregular el comercio exterior y suprimir restricciones y cupos a la importación y exportación; eliminar organismos que graban la producción de vino, azúcar, yerba mate y leche; y autorizar negociaciones salariales por empresa.