Vergüenza

Cuando la justicia no funciona

Qué pasaría en una empresa privada si un empleado destinara a renovar su auto el dinero que recibe para una capacitación?

Seguramente, se le abriría un sumario, debería reintegrar la plata y hasta podría perder el trabajo.

Lo mismo debería ocurrirle a un agente estatal si se descubriera que desvió dineros públicos para fines privados.

Desgraciadamente, la ausencia de controles, sumada a la vista gorda de quienes deben llevarlos adelante, se traduce en funcionarios y exfuncionarios cuyos delitos no solo no son castigados como corresponde, sino que incluso negocian perdones con las autoridades o resultan relevados de sus cuestionadas funciones aunque premiados con otros cargos públicos.

Horacio Curien, uno de los laderos más fieles de Ricardo Echegaray cuando conducía la Afip, es un claro ejemplo de lo que no se espera que ocurra con quienes malversan dineros de los contribuyentes.

En 2015, Curien pidió autorización, pasajes y viáticos para participar de una conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que se realizaba en Barbados.

Nunca llegó a destino.

Con la plata del Estado, prefirió irse de vacaciones a Miami.

Fue descubierto, la Justicia lo procesó y ahora negocia una conciliación con las autoridades que le permita reintegrar el dinero para evitar ser condenado, como si nada hubiera pasado.

Pero eso no es todo: mientras la Justicia sigue adelante con la causa, la cuestionada titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, promovió hace unos meses a Curien como director regional de ese organismo en Mar del Plata.

Sorprende que quien fue denunciado por estafa a las arcas públicas exprese ahora sentirse perseguido penalmente, de forma arbitraria, y plantee incluso dudas sobre intencionalidades de otra índole.

Así, quien negocia para devolver lo robado al mismo tiempo intenta erigirse como perseguido de la Justicia y de la política

Un latiguillo harto conocido entre quienes se saben culpables.

Una corrupción extendida, sin consecuencias judiciales, alimenta la sensación de creciente impunidad que invade a la sociedad

¿Es el caso Curien una excepción dentro de la regla general?

Desde ya que no y la lista de ejemplos es interminable.

En mayo pasado, un informe periodístico alertó que el Tesoro y el Renaper, entre otros organismos, estaban ocupados por dirigentes kirchneristas procesados por actividades incompatibles con la función pública.

A eso se suma la insólita arremetida de muchos exfuncionarios y dirigentes de peso dentro del oficialismo que insisten en considerarse presos políticos cuando no son más que políticos condenados por corrupción y que incluso han estado detenidos.

Triste el caso del exvicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos

Pese a ello anteayer participó de un acto para lanzar Soberanxs, un nuevo espacio político dentro del Frente de Todos.

Si los encargados de administrar y cuidar lo que en definitiva es patrimonio de los ciudadanos no tienen empacho en desviar fondos, alterar contabilidades, repartir entre los propios o esconder en un baño un botín, no hay dudas de que serán capaces también de mayores tropelías.

La ley marco de regulación del empleo público nacional exige conducta e idoneidad para incorporarse a un cargo, no haber sido condenado por delito doloso y no tener proceso penal pendiente que pueda dar lugar a una condena.

Una vez más, el sistema normativo no se cumple en la práctica.

Rige la Impunidad

Solo entre 2010 y 2012, sobre 63 casos, 62 se cerraron por prescripción y uno por declaración de inocencia.

El de José López, exsecretario de Obras Públicas, recientemente excarcelado bajo el pago de una fianza de 14,5 millones de pesos, por citar solo uno, se inició en 2008 y aún no cuenta con sentencia firme.

El Código Procesal Penal habilita el replanteo casi sin límites de recursos judiciales.

No podemos continuar aceptando estos atropellos.

Una ciudadanía comprometida debe denunciar las inmoralidades y reclamar justicia y magistrados que estén a la altura de las circunstancias.

Es una tarea que nos compete a todos los argentinos que pretendemos despejar de iniquidades el camino hacia un futuro más justo.

Editorial publicada en El Litoral